miércoles, 4 de septiembre de 2024

 






Ucayali.- El río Ucayali, que ha sido testigo de tantas historias de vida y esfuerzo, se ha convertido en escenario de un doloroso suceso que deja huellas imborrables en la comunidad de Pucallpa. En la madrugada del miércoles 4 de agosto, una embarcación que navegaba en sus aguas serenas sufrió un trágico naufragio, resultando en la muerte de seis valiosos profesores y la desaparición de un agente de la Policía Nacional del Perú. Este accidente, que se produjo tras el impacto con un tronco sumergido, nos recuerda la fragilidad de la vida y lo efímero de nuestros momentos más esperados.

En un día que debería haber sido de celebraciones por los logros académicos, el destino le jugó una cruel broma a Rosita Osorio Sanchez, una dedicadísima educadora que regresaba alegremente tras presentar su examen de nombramiento, soñando con el futuro que podría construir para sus alumnos. Junto a ella, parte de su camino se detuvo para siempre: el profesor Marvin Panduro, Marvin G. Gomez Pezo, Marlen Rengifo Vela, Roger Suagoya Tuanama y Carmen del Pilar Paucar Torres. Las risas y los sueños de estas almas se apagaron en las aguas del Ucayali, dejando un vacío inmenso que dolerá por generaciones.

La comunidad, conmemorada por su unidad y resiliencia, se abalanzó en un esfuerzo desesperado para ayudar. “Hasta el momento no sabemos nada. Solamente que no llega la ayuda, estamos ayudando”, expresó entre lágrimas un familiar angustiado, reflejando la incertidumbre y el desasosiego de quienes esperan noticias de sus seres queridos.

Los sobrevivientes, incluidos niños, fueron trasladados al distrito de Bolognesi, pero la preocupación y el sufrimiento se han esparcido como un manto pesado sobre todos.

Salvaguardias en la embarcación cumplían con todos los requisitos, y los pasajeros llevaban chalecos salvavidas propicios para la seguridad. Pero las aguas del río, que actualmente se encuentran en su época de vaciante, son engañosas y traicioneras, con troncos semi-sumergidos acechando a quienes navegan. El capitán Jonathan Novoa, primer ayudante de la Capitanía de Puerto de Pucallpa, ha declarado que la embarcación contaba con todas las autorizaciones y era un viaje rutinario. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo imprevisto y lo cruel que puede ser el destino.

Mientras las autoridades de rescate se preparan para evaluar la tragedia, queda la profunda nostalgia en el aire. Esa tristeza que nos recuerda que detrás de cada nombre hay historias de entrega y amor por la enseñanza, por quienes dedicaron su vida a iluminar las mentes del futuro. Pucallpa se encuentra de luto; no solo por la pérdida de seis educadores valientes, sino también por la comunidad que llorará eternamente el vacío que dejan, los sueños truncados, y las vidas que se apagaron en las aguas de aquel río que alguna vez parecieron dulces y apacibles.

En síntesis, Una de las víctimas es Rosa Elena Osorio Sánchez (44), una docente que retornaba Pucallpa tras dar su examen de ascenso en el sector Educación. Su esposo, Emérito Maynas, confirmó la identidad de su esposa. “Tenía un mal presentimiento, intenté comunicarme con ella apenas me enteré del accidente, pero no respondió”, narró.

También pereció el profesor de educación física y árbitro de fútbol, Marvin Greys Gómez Pezo (3), quien este año empezó a laborar en una institución educativa del distrito de Tahuania.

Asimismo, figuran entre las víctimas mortales las docentes Marlene Rengifo Vela (53) y su menor hija D.D.S.R. (12), y Carmen del Pilar Páucar Torres (53), confirmaron miembros de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya. Además dejaron de existir Rubén Alberto Saboya Tuanama (36) y el Menor S.R.P. de 10 años. Las autoridades reportaron también la desaparición de Juler Alfredo Gonzales Brandon.

 

 


LIMA.- Salirse de la rutina diaria suena tentador, y muchos de nosotros soñamos con unas vacaciones idílicas lejos de la vorágine política y social que nos rodea. Sin embargo, lo que muchos no saben es que regresar a casa puede ser un verdadero golpe de realidad. Vacaciones de ensueño, sí, pero al volver, la pesadilla nos espera: el dinosaurio de la corrupción, la presidenta cuestionable, un ministro cuyo accionar es más que turbio, y un congreso que se asemeja a un nido de criminales organizados.

Es asombroso cómo, tras unos días de descanso, la misma y opresiva realidad se abalanza sobre nosotros, con la misma indiferencia y desdén que la cotidianidad ha tenido para con nuestras expectativas. Es como si todo hubiera sido una ilusión, un paréntesis en un ciclo sin fin de frustración. En este país, el aburrimiento, como un ladrón astuto, siempre regresa, acechando en cada esquina.

Recientemente, Jorge Bruce comparó esta experiencia con aquella película que repetidamente muestra al mismo personaje atrapado en un día interminable. En Perú, sin necesidad de marmotas, una rata se asoma a la ventana de un solar polvoriento y nos profetiza: ¡vivirás el mismo día! En efecto, estamos atrapados en este vestíbulo de la fábula, esperando siempre algo más, sin lograr alcanzar las realizaciones que anhelamos. Una nación de ciudadanos anestesiados y resignados ante lo inaceptable.

La gran pregunta es: ¿Cuándo se jodió Zavalita? La respuesta es clara: cuando nos resignamos, cuando normalizamos lo inaceptable, cuando aceptamos la gran mentira de un patriotismo que ha debilitado nuestras convicciones. Un país que se regocija en la venta de sus recursos, que ha dejado que su educación pública universitaria se deprede, no puede pretender un mañana brillante. Y sin embargo, seguimos afirmando que el destino es nuestro y que un día derrotaremos a Goliat. Los "comentarios reales" se han convertido en nuestra única guía.

La derecha siempre nos vendió la idea de que la obediencia traerá grandeza, mientras que la izquierda, con su propuesta de una dictadura inversa, nos prometió un cambio. El resultado es el mismo de siempre: cadáveres, resentimiento y una frustración que se siente como una losa pesada sobre nuestros hombros. De la incultura surge el extremismo, y en este mar de ignorancia, la educación nos ofrece la posibilidad de crear un centro más justo, donde las ideas florezcan y puedan conducirnos a un verdadero diálogo constructivo.

La polarización actual que vive el Perú es un producto de la pobreza de nuestra agenda social, de la miseria de nuestro debate académico y de la falta de propuestas que realmente nos representen. Sin partidos políticos sólidos y sin líderes comprometidos, el país ha caído en manos de una mafia que opera a sus anchas. Un grupo de delincuentes se ha apoderado de nuestras instituciones mientras el narcotráfico, la devastación de nuestros bosques y la minería ilegal crecen a la sombra de este asqueroso régimen.

Lo alarmante es que no ha sido necesario un golpe de Estado formal para llegar a este punto. Las bandas de okupas han ingresado a nuestro congreso y a la casa de gobierno, cambiando el destino y las cerraduras a su antojo. Ellos dictan las reglas del juego y han convertido nuestro país en un mero simulacro de lo que debería ser.

Pero, ¿hasta cuándo seguiremos en esta espiral de impotencia? La verdad incómoda es que este ciclo se perpetuará mientras sigamos permitiéndolo. Estamos a merced de esa rata en el solar polvoriento, esperando que la realidad nos despierte de este profundo letargo. Es momento de reagruparnos, de levantar la voz y de buscar el cambio que todos anhelamos. La historia de nuestro país no debe ser escrita solo por aquellos que han tomado las riendas de manera ilegítima, sino por nosotros, los ciudadanos que merecemos un futuro diferente y próspero.

 

jueves, 13 de junio de 2024

 




PUNO.- Algo insólito está ocurriendo con los funcionarios de la Red de Salud de Chucuito, desde el año pasado las ambulancia de los distritos de Pisacoma, Kelluyo, Huacullani, Desaguadero, Zepita, Pomata y Juli tienen que recorrer exagerados kilómetros para abastecerse con combustible.

Sin embargo, la Red de Salud Chucuito juli, en su último proceso de combustible tuvo vicios amañados, favoreciendo a grifos de ilave, pero en las bases claramente indicaban proveedores de la provincia de Chucuito, así como consta en la página del web del seace.

Han existido múltiples irregularidades primero dando ganador aun postor de Ilave el día 30 de mayo del presente año firmado por los tres miembros del comité de selección como parte comité es la señora Yhowana calcin jara, a quien sindican de direccionar los procesos de licitación.

Luego sorpresivamente el día 31 de mayo emiten una resolución directoral declarando nulidad de oficio sin ninguna opinión legal, ojo ese mismo día 31/05/2024 a horas 20:50 de la noche, otorgan la buena pro al grifo ilave, y ahora por último en la página web seace del día 06/06/2024 a horas 18:24:03 de la noche.

Estas maniobras y acciones son abalada por el director Médico Cirujano Emerson Aquino Condori y compañía de esta forma ocasionan gasto insulso a los trabajadores de la red de salud Chucuito, por uno o dos galones de combustible hasta ilave.

Desde Pisacoma huacullani y kelluyo recorre más de 120 km hacieno un total de csi 3 horas de viaje, de yapa reciben el maltrato del grifo, entonces todas emergencias de traslado están siendo pagado por pacientes.

Piden a que el Señor gobernador vea estos favores políticos, la fiscalía de anticorrupción debería actuar de oficio e investigar los años anteriores y los que resulten responsables sean sancionados.

martes, 30 de abril de 2024

 








Cajamarca. - En un hecho que ha dejado consternada a toda la población, una custer de la empresa Chaquil que cubría la ruta Cajamarca - Sorochuco sufrió un despiadado despiste, acabando volcada en las aguas del Río Sendamal. El saldo hasta el momento es devastador: al menos 25 personas han perdido la vida y muchas más resultaron heridas.


La falta de información oficial ha generado especulaciones en torno a la cifra exacta de fallecidos y heridos, ya que la informalidad del transporte dificulta el conteo preciso. Lo que sí se actualiza constantemente es la lista de víctimas que se encontraban en el fatídico accidente, reportado en la noche del pasado domingo a las 10:30 p.m.


Hasta el momento, 15 personas han ingresado al Hospital de Celendín, de las cuales dos tuvieron que ser referidas de manera urgente al Hospital Regional de Cajamarca. El director del hospital lamentó tener que confirmar el ingreso de dos cuerpos sin vida. Por otro lado, en Sorochuco se continúan las labores de rescate de los cuerpos.


Diversas fuentes policiales informaron que en el bus viajaban al menos 35 pasajeros, de los cuales lamentablemente se estima que al menos 25 han perdido la vida. En el siguiente listado se detallan los nombres de los fallecidos, quienes, en su mayoría, eran personas conocidas y queridas en la comunidad:

 

Isaac Huamán Rodríguez (chofer)
- Esperanza Atalaya Cercado
- Nancy Sánchez Araujo
- Florián Terrones Correa
- Héctor Vasquez Zelada
- Guillermo Chugnas Cercado
- Yesón Ayala Lozano
- José Luis Chugnas Lozano
- Segundo Rodríguez Bolaños
- Diana Sofía Huamán
- Wilmer Rodríguez Chávez
- Benito Chacón Chávez
- Aracely Zelada Mena
- Segundo Elmer Atalaya Zelada
- Etelvina Ayala Rodríguez
- Luz Clarita Mendoza Mayta
- María Medina Cercado
- Manolo Campos Medina
- Jhoan Alexander Centurión Ayala
- Érica Sánchez Machuca
- Mariano Marrufo Tamayo
- Elizabeth Guevara Torres (Fallecido en Celendín)
- Jhimy Alexis Ayala Lozano (Fallecido en Celendín)
- Yuner Bolaños Lozano (46 años)
- Milagritos Campos Medina (23 años)
- Máximo Ramón Ortiz Marchena (61 años)
- Seiner Villena Ayala (28 años)
- María Margarita Escalante Huamán (44 años)
- Angie Nicole Campos Llaxa (10 años)
- Sandy Mishel Ayala Campos (9 años)
- Gamel Ayala Rodríguez (45 años)
- Rosalía Campos Medina (32 años)

Este trágico suceso ha dejado a la comunidad inconsolable y enlutada. Es imprescindible que las autoridades emprendan acciones contundentes para prevenir este tipo de accidentes y brinden la seguridad necesaria en el transporte público. La solidaridad y apoyo hacia las familias afectadas se hace fundamental en estos momentos de profundo dolor.

lunes, 22 de enero de 2024

 



Ayacucho.- En las imágenes difundidas a nivel nacional se observa a dos mujeres que se aproximan a Dina Boluarte, quien arrojaba caramelos a la multitud. Una de las ciudadanas le jala del cabello por la parte posterior, mientras la segunda confronta y zarandea a la jefa de Estado. Precisamente, esta última ciudadana es recordada por muchos peruanos. Se trata de Ruth Bárcena Loayza.

Un grupo de policías toma a Bárcena, la jalonea, pero ella no puede contener su indignación: "Mataron a mi esposo y... ¿creen que voy a estar tranquila yo? Soy Ruth Bárcena Loayza, viuda de Leonardo Hancco Chacca", dice mientras rompe en llanto y se la llevan detenida.

Ruth Bárcena no olvida aquel fatídico 15 de diciembre de 2022, cuando se registró una masacre en Ayacucho a cargo de las fuerzas de orden, que dispararon a los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno de Dina Boluarte. Ese día, Leonardo Hancco Chacca, de 27 años, murió de un balazo en la zona abdominal. Ese mismo día, Ruth y Leonardo cumplían 11 años de compartir su vida juntos. No hubo celebración, solo funerales. Además, perdió al bebé del que estaba embarazada.

En un reportaje realizado por María Elena Hidalgo, para La República, Ruth Bárcena narró en qué condición encontró a su esposo el día de su deceso y que ella misma se ofreció a donarle sangre, a pesar de las 54 unidades que los médicos habían utilizado en el hombre gravemente herido. "Cuando se procedía a la transfusión y los esposos estaban en una camilla uno al lado del otro, Leonardo Hancco perdió la vida. Y por la hondura de la tristeza, Ruth Bárcena también perdió al bebé", detalla Hidalgo.

Luego de la muerte de su esposo, Bárcena, quien se convirtió en presidenta de la asociación de víctimas de la masacre de Ayacucho, ha recordado los difíciles momentos que le tocó vivir junto con su hija de 8 años. "Sigo esperando esa llamada que me diga: 'Ya estoy en camino'. Desde ese día mi vida ha cambiado, de mi hija también (...)", explicó en una entrevista.

También se pronunció en el sentido de las reparaciones que exigen de parte del Gobierno. "Primero, para decir 'reparación' tiene que haber justicia, tiene que haber un culpable y se tiene que sentenciar a las personas que han ordenado jalar el gatillo y a quienes han jalado el gatillo ese día, ahí diremos que hay reparación".

 

miércoles, 17 de enero de 2024

 


Las mafias toman los canales de TV en ese país cualitativamente tan distante.

En nuestro país, en cambio, tenemos a Willax y al canal de alias “el fantasma González” y a los pútridos herederos de la venta de opiniones de los años 90 dando lecciones de objetividad y decencia a cada hora y todas las semanas de todos estos años de lobotomía en mancha.

La violencia sin control y las muertes a destajo sacuden al pobre vecino vagamente amazónico.

Qué diferencia: aquí la presidenta del Perú y su primer ministro dieron la orden de enfrentar a los manifestantes de diciembre y enero como si fueran “delincuentes terroristas” y autorizaron el fuego a discreción. Decenas de peruanos cayeron a manos de la policía y el ejército. No fue necesario declarar ninguna “guerra interna” para ejecutar a quienes protestaban en Huamanga o Juliaca. Eso es proceder con eficacia y sin papeleo.

Hay corrupción en el sistema judicial ecuatoriano, cómo no.

En el Perú la que fue Fiscal de la Nación –miren qué diferencia– protegió a su hermana jueza, acusada por dos testigos de liberar narcazos a cambio de miles de dólares. Y luego se descubrió que lideraba una organización ligada al Apra y al fujimorismo más viscoso cuyo único objetivo era cantar en dueto con el hampa congresal. La Fiscal ofrecía impunidad. Los delincuentes con curul daban votos para nombramientos, leyes y venganzas en papel sellado. Cuando la Fiscal se vio acorralada, sacó de la manga el expediente en contra de la presidenta Boluarte por los asesinatos de enero y diciembre. “Me atacan ahora porque acuso al gobierno”, dijo la Fiscal mafiosa. Pero ya era tarde. ¿No ven el abismo que nos separa? Aquí no eran fiscalillos de segunda los comprometidos en la corrupción: era la jefatura misma la infectada.

El narcotráfico ha penetrado la política en Ecuador.

En el Perú tenemos la mayor extensión de cocales de las últimas décadas y la mayor producción de pasta básica y clorhidrato de cocaína se cocina en el VRAEM, una república separatista que tiene 40 años de existencia y cuya bandera tiene como símbolo una avioneta boliviana en pleno aterrizaje. Y nuestros puertos, sometidos al emprendimiento más imaginativo, preñan contenedores con toneladas de droga.

El secuestro, la extorsión, la trata de mujeres, la usura criminal azotan al Ecuador. Como todos los patriotas peruanos saben, en el país de los Quispe Palomino esos flagelos no existen. Del mismo modo que aquí no operan El Tren de Aragua o Los Hijos de Dios, bandas que Pedro Pablo Kuczynski no dejó entrar.

Ecuador respira inseguridad.

Aquí, en cambio, la gente camina a sus anchas y disfruta de una dulce libertad. ¿Hay comarca más segura, mundialmente hablando, que el cercado de Lima? ¿Hamburgo puede reclamar ser más confiable que San Juan de Lurigancho? ¿Lisboa es acaso más tranquila que Comas?

Las instituciones se han degradado en Ecuador, qué barbaridad.

En el Perú, qué contraste, todos confiamos en el Defensor del Pueblo, en el Tribunal Constitucional, en el Congreso, en los Gobiernos Regionales, en el Poder Judicial, en los medios de comunicación hegemónicos. ¿O acaso alguien puede dudar de Josué Gutiérrez, de Francisco Morales, de Alejandro Soto Reyes, de Martha Moyano, de Vladimir Cerrón o de Milagros Leiva?

Ecuador padece de una crisis terminal.

El Perú –lo dicen Hugo Guerra y Fernando Rospigliosi– ha enfrentado con decisión las provocaciones del violentismo salido de Puebla. Pobre Ecuador. Por: CH.

miércoles, 21 de junio de 2023

 


Lima.- Qué gran noticia.

Qué buena nueva. Keiko Fujimori volverá a candidatear.

No importa que, por ahora, su lanzamiento sea una manera de distraer a la gente ante el juicio oral que se viene: la señora quiere estar sentada en el banquillo con la aureola de ser lideresa de un partido y no como lo que de veras es: jefa de una organización criminal que cuenta con una poderosa representación parlamentaria.

Al final, la señora candidateará por cuarta vez. Porque le han dicho que a la cuarta va la vencida y que esta vez “no nos ganan, arribaperú”.

¿Volverán los Romero a darle millones de dólares?

¿Volverán las oscuras golondrinas de su guarida sus verdes a colgar?

¿Volverá RPP a recibir plata en maletines?

¿Volverá la CONFIEP a hacer una megachancha?

¿Volverán los cócteles milagrosos, las mochilas volanderas, los padrinazgos sin huella?

Aquí, en esta modesta revista, estamos felices. Una cuarta candidatura de la heredera de la mafia fujimorista terminará, otra vez, en sepelio electoral. Y esta vez el rigor mortis puede ser definitivo. No hay regreso después de cuatro pésames, no hay vampiro que aguante cuatro estacas.

Si la derecha reincide en Keiko Fujimori, es que no tiene remedio ni capacidad de entender el país.

El antifujimorismo no es repudio ni odio: es miedo. Entiéndanlo de una vez por todas: el antifujimorismo es un mecanismo de defensa ante la posibilidad de que la Yakuza peruviana se instale otra vez en Palacio. El antifujimorismo no proclama persecución alguna: teme la que vendrá cuando gente de la calaña de Galarreta se instale en el poder y lo infecte. El antifujimorismo no opta por ningún candidato: votará a ciegas por quien enfrente a la señora que estudió en el extranjero con plata que todos los meses le entregaba el muy depravado Vladimiro Montesinos, socio de su sórdido padre.

El antifujimorismo es la memoria sanadora. Gracias a él recordamos cómo es que las fuerzas armadas se pudrieron, la justicia se despachaba en el SIN, los fiscales aplaudían como focas, el Tribunal Constitucional fue baño público, el Congreso un bulín, los ministros una manga de cómplices, la prensa –en general– una zorrona. Nadie hizo tanto para que el Perú fuera el muladar que fue y que terminamos de descubrir gracias a un video. Todo intento anterior de entronizar un autoritarismo corrupto y con vocación de metástasis quedó como ridículo si lo comparamos con lo que le hizo Fujimori al país. ¿Benavides? Agua de malva. ¿Leguía? Un ensayo débil. ¿Odría? Una mala imitación. ¿El gobierno militar? Un acto fallido. Fujimori sumergió al Perú en una solución química que combinaba lo peor del criollismo con lo más hábil del populismo extorsivo. No hubo institución oficial que se salvara del experimento social del fujimorismo. Hasta la iglesia católica tuvo que producir un Cipriani para ponerse a tono.

De modo que si la derecha no entiende que el antifujimorismo está más vivo que nunca y que no importa cuánta hipocresía harvardiana derrame la presunta nueva Keiko, allá ella.

El problema es que esa persistencia en el error puede arropar a un radical de consecuencias devastadoras. Mientras más cerca se sienta la amenaza del fujimorismo zombi, más opciones habrá para que un demagogo de las izquierdas extraviadas se presente como el macho salvador.

¿Eso quiere la derecha?

¿O quiere que un Jurado Nacional de Elecciones reorganizado por el fujimorismo le dé una mano a Keiko en el escrutinio? ¿Quieren una Juliaca a la ene potencia? ¿Sueñan con una guerra civil?

La derecha no le debe nada al fujimorismo. Los empresarios de verdad saben muy bien que las vacas gordas de los buenos tiempos no vienen de un texto constitucional sino del trabajo, la inversión, los precios internacionales, el capital foráneo, el valor de la moneda, la estabilidad jurídica. La constitución de 1993 fue el marco. Pero no habría pintura en ese marco sin el quehacer de los peruanos productivos. Lo reitero: los empresarios no le deben nada al fujimorismo. Al contrario: los herederos del corrupto Fujimori han contaminado al conservadurismo peruano con un tufo de malignidad que distancia y polariza. Tener éxito creando empleo y riqueza no requiere militar en el fujimorismo, un club del crimen que premiaba el mercantilismo, la opacidad, el financiamiento ilegal y las trafas del poder judicial montesinista.

La derecha, como la izquierda, tiene que renovarse. El mundo de hoy se ha complicado lo suficiente como para exigir no sólo nuevos rostros sino una nueva comprensión de las cosas. El fujimorismo, como el marxismo-leninismo, es una antigualla, un cadáver insepulto, un mal recuerdo. Recuerden, suscriptores de “Gestión”: Fujimori perdió ante Castillo. Lo que vendrá ahora es la profecía de Disney: perderá ante Tribilín.

martes, 20 de junio de 2023

 


Lima.- “La amenaza de Boluarte, preguntando ‘¿cuántas muertes más quieren?’, ante la reactivación de las protestas, es una señal más de su mando sobre las acciones represivas del Gobierno”.

Las últimas declaraciones de la señora Boluarte son una amenaza contra la ciudadanía que se organiza para ejercer su derecho a la protesta. Es una abierta demostración de un ejercicio autoritario del poder, basado en la fuerza de las armas y no en la legitimidad social.

Con menos de 15% de aprobación, la sobrevivencia de Boluarte en el poder depende exclusivamente del beneplácito de la componenda política congresal y de la acción represiva de las fuerzas del orden. Ambas condiciones son inestables y lo sabe bien la actual ocupante precaria de Palacio de Gobierno.

El Congreso tiene una agenda propia con dos objetivos. Por un lado, el copamiento institucional, del que ya hemos hablado y que tiene como últimas víctimas los organismos electorales —en particular el Jurado Nacional de Elecciones— y la Junta Nacional de Justicia. Por el otro, la bicameralidad como mecanismo de continuidad.

La compraventa de votos en el Congreso es intensa estos días. El cogoteo de Alva en cámaras —su verdadero retrato— es solo una expresión de lo que pasa en los pasillos congresales todos los días. El objetivo es lograr a como dé lugar 87 votos para evitar un referéndum. ¿Por qué? No solo porque en general la bicameralidad no es la propuesta más popular, sino porque esta versión supone crear un Senado hiperpoderoso, uno que no podrá disolverse bajo ningún concepto y que tendrá hegemonía limeña, pues, como se sabe, el voto por distrito único privilegia la representación de las circunscripciones más grandes y Lima, no lo olvidemos, concentra el 30% de la población. Se pretende con este cambio bloquear los caminos institucionales a las propuestas de cambio que vienen desde las demás regiones y provincias del país.

Estarían por lograr pronto los votos. Boluarte les es útil solo mientras duren estas negociaciones, luego es desechable. De hecho, Boluarte es un costo electoral. La mejor evidencia es la última declaración de la señora Fujimori, tratando de desmarcarse de este Gobierno. Es evidente que no quiere cargar con un peso muerto.

Por otro lado, las declaraciones de Boluarte y Otárola echando toda la responsabilidad de las más de 60 muertes a la PNP y a las FF.AA. son también una señal de alerta para los oficiales encargados de reprimir a la ciudadanía. No es solo la justicia peruana, son organismos internacionales los que observan con detenimiento la violación de derechos humanos en nuestro país desde el 7 de diciembre. La amenaza de Boluarte, preguntando “¿cuántas muertes más quieren?”, ante la reactivación de las protestas, es una señal más de su mando sobre las acciones represivas del Gobierno. Ojalá que quienes reciben las órdenes sean conscientes de la carga de responsabilidad que les echarán encima.

Cuánto tiempo le queda a este Gobierno no es seguro. Lo que sí es seguro es que las amenazas de Boluarte no impedirán que la ciudadanía se organice y proteste contra este régimen. (Marisa Glave)

viernes, 20 de enero de 2023

 











Lima.- La derecha está envalentonada, o sea, es más cobarde que nunca. La derecha fujimorista y sus aliados han tomado el poder sin haber sido elegidos, gracias al golpe congresal cocinado durante más de un año de hostigamiento, fake news y boicot a Pedro Castillo. La única forma de explicar los disparos a adolescentes, el asesinato de un médico brigadista que estaba ayudando a heridos de las protestas, y el probado uso de balas especialmente destructivas contra los manifestantes, es que el empoderamiento del gobierno es tal que se siente libre de usar la muerte como arma disuasiva; cadáveres que dan mensajes.

No solo matan a manifestantes sino que disparan contra quienes ayuden a los heridos. Buscan causar miedo para golpear el corazón del enemigo y desmoralizarlo. Si suena familiar es porque es lo que parece: una práctica de guerra (contra el propio pueblo). De ahí estampas como el helicóptero lanzando bombas lacrimógenas (la antigüedad de nuestras máquinas le da a la imagen una reminiscencia a Vietnam). El mensaje es simple: no se puede ser civil sin tomar partido, o estamos con ellos o estamos en contra (y socorrer a los caídos es estar en contra). A eso se suman incentivos para delatar a quienes participen de las revueltas. Es una lógica cercana a la de la guerra sucia durante el conflicto armado. Como entonces, la expresión más fiera de la represión son las ejecuciones extrajudiciales y cuerpos como costales de papas.

El fujimorismo congresal lo vive como una fiesta, y enseña los dientes. Pero es una fiesta que les va a durar poco y que va a terminar mal.

Existe en la derecha peruana una confusión: creer que la “mano dura” es una decisión política. No lo es. Es más bien una circunstancia histórica que se da muy de vez en cuando. Requiere consenso nacional, la convicción más o menos compartida de que hay una amenaza verdadera contra el país y el apoyo de la embajada de Estados Unidos.

Alberto Fujimori tuvo esa circunstancia a su favor. A inicios de los noventa, el Perú había llegado a un punto intolerable en que el terrorismo amenazaba con truncar cualquier proyecto de país. La ciudadanía toleró con estoicismo los excesos, las leyes abusivas que burlaban tratados internacionales, decidió mirar para otro lado. Existió, entre gente de bien, la convicción del sacrificio necesario. Fue temporal. De hecho, el Fujimori del tramo final de su mandato ya no tenía ese crédito; el terrorismo dejó de ser una amenaza —por más que el gobierno insistiera en resucitar el cuco— y Estados Unidos le bajó el dedo al dictador; ya no se podía matar como antes, por eso se recurrió a montajes y a extorsiones.

La “mano dura” de Fujimori tuvo que volverse la mano blanda de las dádivas y los programas sociales proselitistas. Mientras tanto, Montesinos hacía el trabajo sucio de la propaganda y la persecución judicial, para así sostener la gran mentira del Perú próspero.

Dina Boluarte no está en la situación inicial de Fujimori ni nada que se le acerque. Por más que se esfuerce en llamar terroristas a los manifestantes, nadie se cree que exista una situación de amenaza nacional. De todos los elementos que se necesitan para la soñada “mano dura”, solo tiene el apoyo de la embajadora estadounidense, que ha hablado con una firmeza que hace tiempo no le veíamos a alguien en su cargo (Evo Morales consiguió que ningún embajador volviera a usar ese tono en asuntos internos bolivianos, pero Perú sigue en el siglo pasado). Y aunque es un espaldarazo importante, no basta. La embajadora Lisa Kenna es una exagente de la CIA y trabajó directamente con Mike Pompeo, secretario de Estado en la era Trump —activo opositor de los progresismos latinoamericanos, que apoyó explícitamente a las represiones de Chile y Colombia hace unos años—, por tanto son esperables sus paranoias de Guerra Fría, pero su respaldo tiene como límite una llamada de la administración Biden, desde Washington, en el momento en que las muertes hagan lucir al país demasiado inestable.

Boluarte tiene que estar demasiado obnubilada por el poder para creer que puede ser ella, una presidenta de transición por sucesión constitucional llamada a dialogar, quien instaure un nuevo régimen autoritario al Perú. Tiene que estar muy confundida para pensar que, después de su descarado transfuguismo, puede instaurar un régimen autoritario no por una situación de emergencia —que no existe—, sino por el capricho y los sueños húmedos de las tiendas políticas que no ganaron las elecciones. Es un disparate que le va a costar caro a ella y al país.

A Pedro Castillo le criticaron las malas influencias desde el principio: que Vladimir Cerrón, que Evo Morales, que los ministros “terroristas”, que los sindicatos “senderistas”. Pero Dina Boluarte maneja el estallido social dejándose guiar por individuos con antecedentes reales en el terrorismo de Estado y mandos policiales implicados en ejecuciones extrajudiciales. Es claro que esa lógica de masacre como escarmiento está poniéndose en práctica. ¿Dónde están los medios hegemónicos que marcaban cada falta ideológica en el historial de los funcionarios de Castillo para señalar a los responsables de esta política inepta que nos llena de sangre? ¿Dónde están los dominicales que rebuscaban denuncias policiales de hace cuarenta años en la cuota de Perú Libre para escarbar y exhibir el documentado prontuario criminal de los asesinos de hoy?

Las de hoy sí son malas influencias, que llevan a perder la conexión con la realidad. En un claro acercamiento al delirio, el gobierno pretende no solo eliminar a cuanto revoltoso sea necesario, sino emprender la restauración nacional conservadora. Esto incluye el anuncio de medidas como volver a incluir el curso de educación cívica (en la lógica militar, imponer símbolos patrios a los salvajes, rojos y terrucos).

Dio lástima ver a Castillo imitar el Fujimori golpista. Pero da más lástima ver a Dina Boluarte emular al Fujimori pacificador, creerse una versión nueva de lideresa del orden. Hasta los cínicos a los que no les importa la vida de los manifestantes del Perú “profundo” empiezan a decir, en los medios hegemónicos, que esas muertes eran “innecesarias”. Y va sólo un mes de gobierno.

Por lo general disfruto cuando la derecha y los fujimorismos se equivocan. Como dice el dicho, no interrumpas al enemigo cuando comete un error. Pero en este caso no puedo sentarme y sonreír de su gigantesca estupidez, su megalomanía terminal y su nulo entendimiento del país que está incubando una rabia unánime. Porque en este caso el descalabro viene con sangre y disparos por la espalda. Lo único que reconforta es la convicción de que, tarde o temprano, les esperan tribunales y celdas, y la segura condena de la historia. (JMR)

jueves, 19 de enero de 2023

 


Lima.- El gobierno de Dina Boluarte, es títere del nuevo oficialismo congresal que ha tomado por asalto el ejecutivo, luego del desastroso gobierno de Castillo y su torpe y burdo autogolpe; legal y constitucional es, como cuestionable es su legitimidad política y social. La presidente ha mostrado gran agradecimiento con las ex bancadas opositoras con las que pactó con anticipación para suceder a Castillo y hoy son sus bancadas oficialistas y principales defensoras; y éstas, han evidenciado, una y otra vez, su contento con el nuevo gobierno que hoy ven como “bueno”. No hay rubor en ninguno para contradecirse, por lo que decían uno contra otro, hace pocos días. Han vacado a Castillo, hoy son gobierno, quieren hacer las cosas a su antojo. Han volteado la tortilla a su favor, el país para nada cuenta.

El Perú es irrepetible, en un contexto normal, la sucesión de Dina significaría implementar, con eficiencia y sin corrupción, lo propuesto por Castillo y ella en la campaña electoral. El desgobierno de Castillo, abandonadas las propuestas de campaña, estuvo plagado de ineficiencia y corrupción. El de Dina parece abrazo abierto a las propuestas de los adversarios, lo que le resta legitimidad social y política y, la ciudadanía que votó por ella lo vive como traición. Ella además de vicepresidente fue ministra de Castillo durante todo su gobierno, salvo en el gabinete Chávez que o pocos días antes del autogolpe. Por todo lo que declara ahora contra el gobierno que integró, por qué no renuncio como Ministra e incluso como vicepresidente, su gente lo vive como deslealtad y traición. Recordando al traicionero “gobierno del lagarto”, ojalá, este no sea el “gobierno de la cocadriz”.

Nada se sabe de lo que pretende hacer el gobierno, salvo sus originales yerros gubernamentales enmendados (cambio de gabinete a la semana), o ratificados (quedarse al 2026, recortar al 2024, aceptar elecciones el 2023 y regresar al 2024); lo visible es la militarización, muertos y violaciones a los derechos humanos ante las protestas y el repetitivo dicho que en “julio del 24” quiere decir “tarea cumplida” de no se sabe qué. La única manera, de saber para y por donde irá el gobierno, lo conoceremos cuando el Premier Otárola vaya al Congreso a presentar la política general de gobierno y esperar su “investidura”; la cual, sin saber lo que dirá, parece ganada antes de presentarse dados los adelantos de opinión de las bancadas del fujimorismo, Avanza País, APP, Renovación Popular y AP que sin escucharlo han anunciado su voto de confianza. Las bancadas de izquierda, aliadas y defensoras durante la gestión de Castillo, votarán en contra.

Tenía la expectativa que la experiencia gubernamental, formación política y constitucional del Premier podría darnos 4 cosas: i) Claridad en la política general de gobierno sin ir a los extremos y demostrar que no está hipotecado a las bancadas de derecha; ii) volver a proponer elecciones el 2023 (aceptada por la presidente y el Ministro de justicia) y “enganchar” con la exigencia ciudadana de que se vayan todos; iii) pedir perdón por los muertos y víctimas de las protestas y anunciar reparaciones para sus deudos y familias; y iv) dejar sentado que no existe gabinete en la sombra, pues lo dicho y hecho repetidamente por la presidente, hace dudar de su existencia, importa saber quiénes toman o ayudan tomar las decisiones para no ser sorprendidos por nuevos “paisanos o familiares”.

Decía que era mi expectativa, luego escuchar al Premier, ensalzar la “convicción democrática” de la bancada fujimorista porque le anuncio su voto de confianza, diré que ha desnudado mi ingenuidad pero no descartado mi esperanza de que algo serio y bueno diga en su presentación. Rebelarse contra el titiritero, dar muestras de ligera movilidad e interés por el país podría anunciarlas con las siguientes medidas:

1. Proponer nuevas reglas mínimas para las futuras elecciones y no dejarlo al interés congresal, si ellas son parte de la política general de gobierno “obligaría” a aprobarlas dado su voto de confianza. El congreso está cegado con la bicameralidad y reelección congresal cuando son otros los temas de mayor urgencia y emergencia electoral: impedimentos para ser candidatos a delincuentes sentenciados o con acusación fiscal y normas que eviten el transfuguismo y multiplicación de bancadas mediante el cupo partidario.

2. Exigir a sus aliados congresales detener el manoseo tendencioso de los organismos electorales (JNE, ONPE) y organismos constitucionales (JNJ, DP, TC) para poner, reformando la constitución, autoridades a su antojo.

3. Anunciar que la gran reforma constitucional no será hecha en este periodo de transición, ni por una asamblea constituyente imposible de convocarse ni por la Comisión de Constitución que está funcionando como una “asamblea constituyente en la sobra parlamentaria”.

Es pomposo llamar gobiernos de transición democrática a gobiernos que por su temporalidad y mandato son fundamentalmente de transferencia de un gobierno a otro. Quizás moleste, sobre todo a sus actores, en rigor, los buenos gobiernos de Paniagua y Sagasti nacidos del congreso para convocar nuevas elecciones fueron periodos de transferencia democrática entre gobiernos más que transición de un sistema a otro. Al gobierno de Dina nacido por sucesión constitucional más que mandato congresal, deberíamos exigirle esa precisión, para evitar sorpresas y agudizar la gigantesca crisis nuestra, que se ciña a conducir una buena transferencia de su recortada gestión al nuevo gobierno y que este sea efectivamente, durante los próximos 5 años de gestión el verdadero gobierno de transición que necesitamos para enfrentar los temas de fondo que nuestro Perú requiere con urgencia en este momento de emergencia nacional.

Repleto de fe e ingenuidad, redoblo mi expectativa, esperando definición y claridad en la política general del gobierno para los meses que le quedan; recorte del mandato presidencial, nuevas reglas y adelanto de elecciones al 2023; defensa democrática de los organismos electorales y los organismos constitucionales y; definición clara y rotunda que no hay gabinetes en la sombra ni operadores tras bambalinas o que se mueven en la oscuridad bajo el manto de la consanguineidad o afinidad. Ruego y deseo un gobierno de transición si así quiere llamarse y no un gobierno títere como el que hasta ahora se ve sin conocer al o los titiriteros. Dina con el apoyo de su Premier Otárola, podría conducir, ella misma su propia transición y transferencia gubernamental, ojalá logren encausar la crisis y no agudizarla, necesitamos salir bien y rápido de la misma. Nuestro país exige amor y respeto para ser un Perú mejor. (RV)

 

 


LIMA.- La élite política peruana, en todo su abanico ideológico, ha ido perdiendo aceleradamente su calidad formativa, ideológica y de liderazgo en lo que va del siglo. Nadie más que los propios partidos políticos son los responsables de su propio deterioro. Solo ellos pueden acceder a la presidencia y al Congreso y son los únicos en aprobar leyes y modificarlas. Ellos son también los únicos responsables de moldear el edificio institucional del país. Este parlamento, con pocas excepciones, no ha cumplido ni medianamente las funciones de legislar, controlar políticamente y representar que le son propias. Por el contrario, cada semana mostraban sin pudor sus serias carencias, creando un mundo paralelo en donde cabe todo, menos mirarse al espejo. No pueden, pues, responsabilizar a terceros lo que les toca en primera persona.

El adelanto de elecciones -a través del fin del mandato anticipado tanto del Ejecutivo como del Parlamento- no fue el resultado de una mirada serena de la terrible coyuntura actual, y que requiere ser canalizada institucionalmente, ni menos como un acto de “desprendimiento” o “sacrificio”. Muy por el contrario, hasta antes del 7 de diciembre, fecha del golpe de Estado, las propuestas de adelanto de elecciones presentados por las congresistas Susel Paredes y Digna Calle se encontraban congeladas. Es a través de un hecho externo, la violenta explosión social, que se conecta con dicha consigna que el Congreso, a regañadientes, aprueba el adelanto de elecciones para abril del 2024.

Sin embargo, esta salida institucional de la crisis tiene riesgos en el desempeño del Congreso. El primero, es que no hay total seguridad que se apruebe, a partir del 1 de marzo en segunda votación el adelanto de elecciones. Varios congresistas condicionan su voto -desde convocar a una asamblea constituyente hasta algunas reformas-, otros abiertamente se niegan a que su mandato se corte y muchos esperan que las movilizaciones se apaguen y ya no se sientan comprometidos con votar a favor.

El segundo, es la propia reforma política. Los únicos puntos de acuerdo son la bicameralidad y la reelección parlamentaria; reformas necesarias, pero desacreditas por el propio desempeño parlamentario y que son rechazadas por la mayoría ciudadana que ve en ellas el camino para que se queden todos. Jamás desbloquearían esas medidas señalando que ellos no participarían en las próximas elecciones. El desprendimiento o sacrificio allí, no existe.

Tercero, el pedido de terminar con el mandato de las autoridades electorales. Esta propuesta está en consonancia con la narrativa de fraude, totalmente desvirtuada y rechazada por instituciones nacionales e internacionales. La Junta Nacional de Justicia se encarga de elegir y remover al jefe de ONPE y RENIEC, así como designar, ratificar y remover a los vocales supremos del Poder Judicial, como es el caso del Presidente del JNE. A un año y medio de las elecciones del 2021, ni un solo congresista los ha denunciado y solicitado su separación.

Que el poder político, que nace de un proceso electoral, quiera terminar con el mandato del arbitro de las elecciones, no es solo una venganza política, sino una medida tan legalmente endeble como las consideraciones que obran en la propuesta. En el hipotético caso de que prosperara, tendría un impacto en el cronograma electoral y sentaría un nefasto precedente. Bajo el argumento de la confianza también podrían dar fin al mandato de la Fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, entre otros. Bueno, se incendia Roma para ganar y echar la culpa al resto. (FT).

 

martes, 17 de enero de 2023


Lima.- El lunes 9 de enero la presidenta de Perú, Dina Boluarte, confesó que no entendía por qué el país llevaba un mes de protestas en su contra, y escondió la cabeza durante las horas más amargas de su aún breve gestión. Más tarde, luego de que se confirmara una matanza a tiros de 17 civiles ese día en Puno, en el sur del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, justificó el comportamiento de las fuerzas del orden argumentando que hubo violentos que los atacaron e intentaron tomar el aeropuerto de esa ciudad.

Ni la abultada cantidad de muertes les hacía entender que su respuesta no debía ser policial-militar, sino política. No hay orden sin respeto por la vida.

Otárola —un exministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala, quien dejó el cargo por un desastroso operativo de rescate de rehenes— tuvo una segunda oportunidad en la vida para convertirse en héroe democrático, pero recogido ser un canalla.

Con el peso de una gestión que lleva casi 50 muertos en poco más de un mes, se presentó ante el Congreso para pedir el voto de confianza que necesita antes de cumplir 30 días en el puesto. Otárola heredó el cargo de su fugaz antecesor, Pedro Angulo, y también heredó la estrategia de acusar a agentes externos de incitar a la violencia y no reconocer responsabilidad alguna en las muertes.

Cuánto pueden durar las denuncias de que quienes protestan son manipulados por Sendero Luminoso, Evo Morales, el izquierdismo radical o las economías ilegales si entre los muertos civiles se cuentan a un mecánico que salió de su taller para ayudar a un herido, a un ambulante que ganaba unos centavos en la aglomeración, a un estudiante de medicina que socorría heridos, ya seis menores de edad. No está en discusión la participación de actores violentos o criminales, pero eso por sí solo no explica el descontento que ebulle principalmente en el sur del país. Lo que enerva a los manifestantes es la generalización, la ceguera desde Lima.

Otárola, adepto de la mano dura, hizo todo lo posible para que el conflicto escale tratando de imponer el orden, y la derecha y el centro parlamentario aprobaron darle la confianza. Pero esa “virilidad” es solo una apariencia.

Sería desproporcionado atribuir —sin investigación previa— la responsabilidad de todas las muertes al gobierno. Entre los manifestantes también hay actitudes antidemocráticas, golpistas y violentas. Una turba aún sin identificar asesinó y quemó a un policía en Puno; otros han impedido la circulacion de ambulancias (lo que ha generado al menos la muerte de un bebe ); han atacado a comerciantes que se rehusaban a paralizar, y han incendiado edificios públicos, cuanto menos.

Pero en un conflicto de esta naturaleza, antes que la superioridad de las armas el Estado debe mantener la superioridad moral, y eso es algo que ha olvidado. No solo para garantizar justicia en lugar de venganza, sino para no agrietar más la desconfianza social: el desprecio moviliza y toma rumbos que la represión no puede gobernar a largo plazo en democracia. La corta vida política de nuestros líderes les impide ver que, más allá de su rol en la historia, lo que debe prevalecer son las instituciones por el impacto que tienen en el largo plazo.

Boluarte y Otárola han hecho observar en las facilidades que le harán a la justicia para investigar y sancionar los asesinatos. Pero esas palabras solo son parte de un protocolo rutinario. Han pasado más de dos años desde el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino y las investigaciones judiciales se encuentran estancadas. Si eso pasó en Lima, ¿qué esperanza hay de encontrar justicia en provincias con más precariedades? Ha pasado lo mismo con las víctimas del Baguazo, con los restos del alcalde Felipe Bazán, e innumerables conflictos en las últimas décadas.

Las fuerzas del orden han repetido la misma violencia en varias ciudades. Puede haber sido consecuencia de lanzarlos al conflicto sin planes operativos adecuados, sin inteligencia mínima, sin armas ni preparación para responder proporcionalmente. O pueden haberles dado carta libre. Esto es algo que la Fiscalía de la Nación debería investigar al milímetro, pues el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado no puede ser discrecional, así como el gobierno tampoco puede exponer al peligro a sus propios subordinados.

El Perú está atravesando una protesta bastante inédita. Los conflictos sociales son abundantes en el país, pero casi todos están asociados a asuntos sectoriales: socioambientales (los más numerosos desde 2007), laborales, limítrofes, etc. Suelen estallar de forma aislada —aunque algunas veces se ha visto coordinación— y adormecerse en negociaciones en mesas de trabajo del gobierno nacional o los gobiernos locales. Pero esta es una de las pocas ocasiones en los que la agenda es completamente política, extendida en varias regiones, y en la que la participación de Lima es marginal.

Los principales puntos han sido la renuncia de Boluarte —primero por traición al golpista expresidente Pedro Castillo y ahora por las muertes—, el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo. La reacción del gobierno y de sus aliados en el Parlamento ante el carácter político de la agenda ha sido querer ningunearla, y pedirles que hagan reclamos materiales en salud, educación, etc. o criminalizarla por su convocatoria. “Los cuatro políticos no están en mis manos(…) Lo que están pidiendo es pretexto para seguir puntos provocando el caos”, dijo Boluarte a inicios de esta semana.

Antes de empezar a contar los cuerpos de casi medio centenar de peruanos muertos, las cuatro demandas me parecían descabelladas, ilegales y perjudiciales para el país. Pero luego de lo que hemos visto, la primera de ellas brinda la posibilidad —no certeza— de aliviar algunas tensiones que evitan más cadáveres hasta las elecciones, que se realizarán este año y lo antes posible.

La renuncia de Boluarte abriría escenarios complejos sobre sucesión a manos del presidente del Congreso, sea el actual o algún nuevo que elijan. Difícilmente la gobernabilidad sería mucho mejor, pero tal como estamos, no hay futuro con la mano dura de Boluarte. Hubiese sido ideal entrar a un nuevo ciclo electoral con algunas reformas políticas que el Congreso apruebe, pero ni ha sido su prioridad ni hay esperanza de que las hagan bien. Además, cualquier cambio que aprueben que beneficie a los legisladores —reelección, bicameralidad, etc.— podría intensificar las protestas. Se debe ganar tiempo ya que nuestro elenco de gobierno no le hizo estimulación temprana a sus destrezas políticas.

La única alternativa es que Boluarte destituya a Otárola, pida perdón a nombre del Estado, procese y expurgue a los responsables de los crímenes que se cometieron desde las fuerzas del orden, encuentre y sancione a los responsables de la violencia de las protestas, y se acelere la organización del proceso electoral. Pero eso es pedir un imposible: que el Perú funcione bien. La decisión está en la soledad de su conciencia. (Jonathan Castro)

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