Lima.- “La amenaza de Boluarte, preguntando ‘¿cuántas muertes más
quieren?’, ante la reactivación de las protestas, es una señal más de su mando
sobre las acciones represivas del Gobierno”.
Las últimas declaraciones de la señora Boluarte son una amenaza contra
la ciudadanía que se organiza para ejercer su derecho a la protesta. Es una
abierta demostración de un ejercicio autoritario del poder, basado en la fuerza
de las armas y no en la legitimidad social.
Con menos de 15% de aprobación, la sobrevivencia de Boluarte en el poder
depende exclusivamente del beneplácito de la componenda política congresal y de
la acción represiva de las fuerzas del orden. Ambas condiciones son inestables
y lo sabe bien la actual ocupante precaria de Palacio de Gobierno.
El Congreso tiene una agenda propia con dos objetivos. Por un lado, el
copamiento institucional, del que ya hemos hablado y que tiene como últimas
víctimas los organismos electorales —en particular el Jurado Nacional de
Elecciones— y la Junta Nacional de Justicia. Por el otro, la bicameralidad como
mecanismo de continuidad.
La compraventa de votos en el Congreso es intensa estos días. El cogoteo
de Alva en cámaras —su verdadero retrato— es solo una expresión de lo que pasa
en los pasillos congresales todos los días. El objetivo es lograr a como dé
lugar 87 votos para evitar un referéndum. ¿Por qué? No solo porque en general
la bicameralidad no es la propuesta más popular, sino porque esta versión
supone crear un Senado hiperpoderoso, uno que no podrá disolverse bajo ningún
concepto y que tendrá hegemonía limeña, pues, como se sabe, el voto por
distrito único privilegia la representación de las circunscripciones más
grandes y Lima, no lo olvidemos, concentra el 30% de la población. Se pretende
con este cambio bloquear los caminos institucionales a las propuestas de cambio
que vienen desde las demás regiones y provincias del país.
Estarían por lograr pronto los votos. Boluarte les es útil solo mientras
duren estas negociaciones, luego es desechable. De hecho, Boluarte es un costo
electoral. La mejor evidencia es la última declaración de la señora Fujimori,
tratando de desmarcarse de este Gobierno. Es evidente que no quiere cargar con
un peso muerto.
Por otro lado, las declaraciones de Boluarte y Otárola echando toda la
responsabilidad de las más de 60 muertes a la PNP y a las FF.AA. son también
una señal de alerta para los oficiales encargados de reprimir a la ciudadanía.
No es solo la justicia peruana, son organismos internacionales los que observan
con detenimiento la violación de derechos humanos en nuestro país desde el 7 de
diciembre. La amenaza de Boluarte, preguntando “¿cuántas muertes más quieren?”,
ante la reactivación de las protestas, es una señal más de su mando sobre las
acciones represivas del Gobierno. Ojalá que quienes reciben las órdenes sean
conscientes de la carga de responsabilidad que les echarán encima.
Cuánto tiempo le queda a este Gobierno no es seguro. Lo que sí es seguro
es que las amenazas de Boluarte no impedirán que la ciudadanía se organice y
proteste contra este régimen. (Marisa Glave)