agosto 24, 2020
EL COLLAO.- En vista de que la visita del Ministro en
Conduriri no sirvió de nada, los pobladores de la zona alta se ven obligados a
que las autoridades puedan escuchar las necesidades del pueblo.
Tras tensa reunión con representantes de las fuerzas armadas
y la policía nacional en el primer día de manifestación los pobladores
participaron de una reunión de dirigentes en el coliseo cerrado Ilave, sobre el
caso trasvase de aguas de Vilavilani II fase I, los acuerdos de la paralización
se sancionaran en reunión de las zonas.
En su visita el Ministro de Agricultura y Riego, Jorge
Montenegro Chavesta, arribó al distrito de Conduriri, provincia El Collao,
donde anunció la suspensión por 45 días hábiles de la ejecución del proyecto
Vilavilani II.
Este anuncio fue hecho luego de haber escuchado los
argumentos de congresistas, autoridades y pobladores de las provincias de El
Collao, Chucuito y Tarata (Tacna) sobre las consecuencias que traería la
mencionada obra en la región Puno.
Autoridades de los distritos de Capaso, Conduriri,
Santa Rosa de Mazocruz, Huacullani, Ilave se opusieron a la construcción del
canal Vilachaullani, que es el primer componente del proyecto hídrico, además
expresaron su preocupación por la agricultura y ganadería que se verían
afectadas.
“Los pueblos altoandinos serán los más perjudicados con este
proyecto, por eso no vamos a permitir la ejecución, y esto se sustentará con
argumentos técnicos y legales”, manifestó Ismael Acero, presidente de la
Asociación de Residentes del distrito de Mazocruz.
Del mismo modo, el teniente gobernador de Mazocruz, Marcel
Chambilla, indicó que no se estaría respetando las leyes de recurso hídrico y
comunidades; además, existe una gran parte de la población que no cuenta con
agua potable.
Después de haber escuchado la intervención de cada
autoridad, el ministro de Agricultura, dijo “el agua no tiene dueño, lo
dice la Constitución Política y la Ley. He escuchado razones y posiciones sobre
el proyecto, por eso debemos analizar sobre los efectos de la ejecución”.
También afirmó, que no hubo un proceso regular sobre la
licencia social; existiendo una falta de información; por ello, pidió a los
congresistas y autoridades presentar un documento que sustente el impacto del
proyecto Vilavilani II y se propongan alternativas.
En un principio, el ministro Jorge Montenegro, anunció la
paralización temporal por un plazo de 30 días, pero a sugerencia del
congresista Orlando Arapa se amplió a 45. Finalmente se acordó en instalar la
mesa técnica para analizar los impactos ambientales y solucionar este conflicto
social. Ha pasado un mes y más y no hay
resultados a favor de los pobladores de la zona alta.
Imágenes: Edgar Cutipa.
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